Valencia y Catalunya: La cuestión nacional

En la actual fase de aceleración nacionalista, tanto en Cataluña como en el País Vasco y, a no tardar, en otros territorios en los que aguardan turno sus líderes, es improductivo golpearse el pecho para exorcizar los malos pronósticos que se anuncian. Todavía hay mucha gente que no entiende o no quiere que se entiendan las razones que llevan, por ejemplo a los catalanes, a presentar un estatuto de autogobierno que anticipa una etapa desconocida en España en los últimos 70 años.

La naturaleza del nacionalismo se sustenta básicamente en el principio de autodeterminación de los pueblos, sancionado por los organismos internacionales. Este principio hace referencia a los pueblos sometidos a un régimen colonial, en absoluto a los pueblos que disfrutan de un régimen político democrático, estable e independiente, como Cataluña, Vascongadas o Extremadura dentro del estado español.

En la historia de Europa ha habido diversos movimientos de oposición al centralismo monárquico, responsable de la supresión de privilegios forales consolidados desde la Edad Media. Estas concesiones reales, a cuenta de haber obtenido otros beneficios, han terminado por pasar factura. El siglo XVIII y a continuación el XIX fueron fogones de cocción de ideas acerca del origen de los diversos pueblos, de su identidad étnico-cultural y sus derechos a hacer de su tierra un lugar del que nadie les puede desalojar, al que nadie puede entrar sin el permiso de los nativos y en el que se habrían de realizar toda clase de manifestaciones que realzaran el espíritu de la nación sin excepciones: ritos, ceremonias, cánticos, banderas, géneros literarios, músicas y festejos exclusivos de ese pueblo. “Nehiyawak oma kiyanaw”, aclaman los dirigentes de la nación india de los Cree, en Estados Unidos. “Somos el mismo cuerpo. Un pueblo espiritual con ceremonias sagradas, cánticos y lenguaje, todo ello obsequio del Creador.” Antes de que llegaran los blancos y los negros y los amarillos, allí estaban ellos, en las tierras recibidas de Manitú, el dios que eligió a su pueblo, como hizo Jehová con el de Israel o el Innombrable con el pueblo árabe, o a saber qué dios con el pueblo catalán y vasco.

El pensamiento y la obra de Giuseppe Mazzini en su empeño de unificar Italia, aun siendo guiados por el mismo principio de construcción nacional, contrastan, sin embargo, con los de Bismarck en Alemania, puesto que el concepto básico era, en el caso de Mazzini, la aceptación democrática y fraternal de una Italia unida, mientras que en el caso de Bismarck la nación se construía por la fuerza. Basta para ilustrar el ejemplo su ocupación de Alsacia-Lorena en un abrir y cerrar de ojos.

Con independencia de la evolución histórica del nacionalismo, convendría dilucidar cuáles son los aspectos fundamentales y de urgente resolución para determinar por qué una comunidad, llámese nacional, regional o local, ha de iniciar el camino de la secesión respecto a la casa madre. Habría que recurrir a lo que Joseph J. Romm (1993) denomina “seguridad estructural” (aunque él aplica la expresión a cuestiones más o menos relacionadas con la seguridad nacional de los Estados Unidos), y que viene al dedillo a la hora de explicar cuáles son los riesgos que intuye que corre tal comunidad para verse obligada a romper sus lazos con la metrópoli: inseguridad moral o ética, inseguridad económica, inseguridad doméstica e inseguridad internacional.

Estos principios son la quintaesencia de lo que se ha venido negociando con tanto sudor y tanta sangre entre los proyectistas de la construcción del Estado Palestino, a saber: seguridad tanto para los palestinos como para los israelíes; gobernación legítima y reconocimiento por los demás países; desarrollo económico y autosuficiente; bienestar social a todos los niveles, como la alimentación, el vestido, la educación, la sanidad, la vivienda; y, por último, el bienestar general del pueblo palestino (fuente: Rand Corporation).

El gobierno del Estado Palestino y el de cualquier otro estado ya existente –como España- o en proceso de fundación –como Cataluña y el País Vasco- han de basarse en la legitimación y eficacia de sus leyes –por ejemplo, con la fijación de un sistema judicial auténticamente independiente respecto del poder ejecutivo- y la total ausencia de corrupción entre sus dirigentes y sus agentes sociales. La forma de reducir o acabar con la corrupción es hacer prevalecer la meritocracia frente al nepotismo (entre parientes, amigos, colegas o militantes del partido o sindicato). Y también mitigar o controlar las prácticas totalitarias, que a veces quedan encubiertas bajo una capa de representatividad democrática, es decir, por la fuerza del voto de la mayoría.

El desarrollo económico ha de venir a través del aprovechamiento de las oportunidades que se le ofrezcan a la población. Respecto al bienestar social, evidentemente nace de la mejora de las condiciones de vida del pueblo.

No vemos cuáles son las circunstancias tan terribles en las que se mueven los catalanes y los vascos, según sus líderes políticos, que hacen imposibles la convivencia o la reconciliación con el estado español en su actual configuración. Si al menos se mantuviesen allí las mismas condiciones en las que se vivía en la Inglaterra de Daniel Defoe (1660-1731), con una sociedad estratificada en siete clases: los grandes, que vivían en la pompa y el lujo; los ricos, que vivían en la abundancia; la clase media, que vivía cómodamente; la clase trabajadora, sacrificada pero sin sufrir gran necesidad; los campesinos, agricultores y ganaderos, que iban tirando como podían; los pobres, que sobrevivían de mala manera; y, finalmente, los miserables, que vivían del hurto y en la más atroz indigencia. Aunque la situación fuera de esa índole en la actual Cataluña, en tal caso la revolución debería amortiguar su tufillo pequeño-burgués y adoptar un tinte más internacionalista y más altruista. Y desde luego, tendría más que suficiente con controlar en su propia casa la corrupción, el nepotismo, la violencia social y el empobrecimiento de los campesinos, los obreros industriales y los emigrantes.

Pero por encima de todos los símbolos nacionales hay que destacar uno: la lengua. Sin lengua propia, se piensa, no es posible levantar un estado nacional. Y la lengua vale su peso en oro. Hay que trasladarla de la calle y de la feria a la academia, de la voz popular a la casta intelectual. Este espíritu es el que buscaron en Escocia Robert Burns y Walter Scott con sus apelaciones al dialecto y al pueblo de sus esencias, con su búsqueda de un prestigio para una lengua que carecía de reputación y de literatura.

Pero una lengua no hace una nación, ni tiene por qué convertirse en el motor principal para la construcción de tal nación. El argumento es tan viejo y tan tramposo que no resiste el menor análisis. Hay naciones que no tienen lengua propia; si acaso una lengua bastarda que dejaron allí quienes ocuparon la región –Jamaica o Mauricio, por mencionar un par de casos entre otros muchos-. Y otras que viven anegadas en un mar lingüístico. Sólo en Papúa Nueva Guinea, con una extensión similar a la de España y una población de cinco millones y medio de habitantes, se hablan 823 idiomas. Si el criterio lingüístico fuese un argumento sólido y de aplicación universal para la definición social, cultural, étnica y lingüística de un territorio y, por tanto, para el levantamiento de una nación, entonces las poblaciones de Papúa deberían alzarse inmediatamente en contra del gobierno de Port Moresby y fundar una comunidad federal o de asociación amistosa de 823 naciones independientes. Nigeria tendría que fragmentarse en 505 naciones. Estados Unidos en 321. Colombia en 98. España en 13. Cataluña en muchas más, si se cuentan los inmigrantes de primera, segunda, tercera o cuarta generación. Así ad absurdum. El solipsismo nacionalista –da igual que sea catalán, andaluz o valenciano- conduce siempre al disparate.

Artículos relacionados de Nacionalismo