Restitución e implantación del vernáculo

El despertar de las llamadas lenguas vernáculas del Estado Español, tanto las que se consideran variantes de mayor entidad —catalá, euskara y galego— como las diversas variedades romances y sus correspondientes variantes dialectales y subdialectales, incluyendo las del español, resulta incomprensible e inadmisible entre quienes se hallan en un territorio castellano-hablante supuestamente monolingüe. Todavía hay quien piensa, equivocadamente, que el vasco, el gallego o el catalán son dialectos del español; y quien cree que con el español ya hay bastante.

Al otro lado de la frontera, en su nicho étnico, lingüístico, político e institucional -desde el Ligallo de Fablans de l’Aragonés hasta la Real Academia de la Lengua Vasca (a la que se prefiere llamar Euskaltzaindia)-, se apela constantemente al sostenimiento, la revitalización y hasta la resurrección de los vernáculos históricos regionales y locales, con todos sus léxicos unificados, sus arrastres subdialectales, sus jergas corporativas y sus lectos familiares o individuales. Normativizar -es decir, vigilar la coherencia del idioma mediante controles académicos obligatorios- y normalizar -asegurar su empleo en actos públicos y privados, comerciales o religiosos- son términos precisos y frecuentes entre quienes se encargan de restituir el vernáculo, pero resultan extraños a los oídos de la población monolingüe castellano-hablante de la España interior y extremadamente peligrosos a quienes se ven afectados por la pujanza de otras lenguas que tratan de reducir la omnipresencia del español.

Una revisión de las formas expresivas comunitarias del Estado nos lleva a contemplar un mundo diverso, polimórfico, bien cargado de identificadores sociales que durante siglos han incitado a la selección de los modelos lingüísticos más extendidos (y, por tanto, más útiles y prestigiosos) y al abandono de otros que los propios hablantes se han encargado de desacreditar y arrinconar. No se trata de una fantasía, sino de una realidad que acaso pueda ignorarse, pero no eliminarse con un simple acto desiderativo. La lista adjunta* comprende una amplia muestra de lo que aún puede oírse en los pueblos y las ciudades de lo que llamamos España. Algo se ha perdido en el camino -por ejemplo, lenguas como el visigótico, el mozárabe o el judeo-español-, teniendo en cuenta la sangrienta actividad de los distintos pobladores de la Península y las políticas de asimilación y exterminio llevadas a cabo a lo largo de la historia. Pero las profundas huellas de lo que ha sido y lo que sigue siendo patrimonio vivo del Estado no nos permiten seguir el camino tapándolas con nuestras pisadas.

En España se hablan, no una, sino trece variedades vernáculas. De los aproximadamente 40 millones de habitantes del país, 14 millones (el 35% de la población) son bilingües o bidialectales. A estas cifras hay que añadir las lenguas o dialectos propios de los emigrantes y residentes magrebíes, sub saharianos, balcánicos, británicos, alemanes, portugueses, franceses, suizos, latino americanos, norteamericanos, indo asiáticos, chinos, rusos, nórdicos y centro europeos. Sobre todos reina el español, un dialecto descendiente del viejo romance castellano medieval que, en virtud de la expansión del Reino y luego del Imperio, se ha convertido, ya modernizado por el uso y el tiempo, en lengua oficial y obligatoria en numerosos países. Si hubiera sido el único idioma del Estado, no habría habido problema; pero, como no es así, el roce con los demás ha sido inevitable, especialmente a partir del romanticismo y el despertar del nacionalismo decimonónico, que tuvieron la lengua vernácula y, en el caso de Euskadi, una supuesta singularidad racial como puntos de anclaje.

En el extranjero se tiene la impresión de que el Estado Español no se gasta un duro en promover las lenguas vernáculas. Sin embargo, en las Comunidades Autónomas se dedica un buen porcentaje del dinero público y privado a normalizar la lengua en los colegios, institutos y universidades, así como en la vida cotidiana: medios de comunicación audiovisual, prensa escrita y electrónica, carteles, rótulos, anuncios y publicaciones, lugares de culto religioso y actos institucionales. Incluso en regiones donde el vernáculo es un residuo de épocas precedentes con escasa implantación social -como ocurre en Aragón con la fabla, aunque sea una lengua oficial-, se conceden ayudas a la investigación en torno a la lengua y la cultura propias.

Simultáneamente, una retícula de movilizadores sociales se encarga de vigilar el cumplimiento de las leyes de normalización lingüística a través de los sindicatos, los partidos políticos y las organizaciones ciudadanas. Todos son conscientes de la enorme pérdida patrimonial que supone relegar u olvidar la lengua vernácula. Efectivamente, en palabras del sociolingüista Joshua Fishman (1996), “A quienes tienen, se les da; a quienes no, se les quita.” Cuanto más pequeño se hace el grupo de hablantes de un vernáculo, más difícil les resulta vigorizarlo, puesto que son ellos mismos los que terminan por abandonarlo, o quedan expuestos a una masiva invasión de la lengua dominante en su reducido universo. De este modo se procura dirigir los esfuerzos a elevar el aprecio por el mismo con la práctica cotidiana y la emisión de mensajes transparentes (a veces subliminales): “Hablar nuestra lengua es útil, es un derecho, es un deber de los buenos ciudadanos (patriotas)”. La gente tiende a hablar como aquellos con los que desea ser identificado y con los que alterna. La familia, el ocio (actividades deportivas colectivas, colonias escolares) y las relaciones afectivas, más que las ceremonias oficiales, son los lugares y momentos en los que se generan los estímulos esenciales para la transmisión y el cultivo de la lengua.

Los gobiernos tienen que admitir la evidencia. Cuando el ex-presidente Aznar reclamaba en el País Vasco o en Cataluña la diversidad étnica y lingüística, no lo hacía tanto por su fe en la pluralidad como para contrarrestar el nacionalismo uniformista y restrictivo y proteger los derechos de los castellano-hablantes que, en mayor o menor medida, se sienten amenazados. El reconocimiento de esa pluralidad requiere un mayor esfuerzo y más sentido común. Las lenguas se heredan por transmisión inter-generacional y se adquieren en la infancia o se aprenden después. Pero como las instituciones y los gobiernos no son, generalmente, inter-generacionales, siempre surgen intentos de des-vernacularizar a la población, imponiendo el uso de la lengua oficial y limitando, si no impidiendo, la práctica del vernáculo menos favorecido. Eso ocurrió en épocas pretéritas y desde entonces se arrastran actitudes contrarias a la identidad lingüística de las regiones que la poseen, por miedo a que se confunda lengua con raza, etnia y soberanía nacional.

Los políticos catalanes y vascos nunca encuentran satisfacción en sus actos para la difusión de la lengua regional a todos los niveles. Su meta principal es la inmersión lingüística en las escuelas: que todos los niños y niñas aprendan un vernáculo institucionalizado, gramaticalizado, impuesto desde arriba. A pesar de ello, las estadísticas de uso de la lengua se mantienen estables frente al español, al que culpan de competencia desleal como lengua oficial del Estado.

En la Universidad de Valencia-Estudio General, que practica una política lingüística ultra-conservadora (el valenciano o catalán es la única lengua oficial de la institución), se llegó a introducir un curso de euskara para principiantes con carácter voluntario. La iniciativa pareció novedosa y poco menos que revolucionaria. Sin embargo, llegaba con mucho retraso respecto de otras instituciones universitarias del extranjero, que hace años ofrecen formación lingüística y cultural en filología vasca y catalana. Y desde luego ignoraba la existencia de otras variedades importantes como el gallego y otras que lo son menos por número de hablantes activos, pero que igualmente convendría conocer y rescatar, como el aranés. No deja de ser desconcertante que se haga un hueco mínimo a las otras lenguas del Estado Español en la congestionada oferta académica, como si fueran a poner en peligro la tradición humanística y filológica grecolatina, anglo-germánica y románica, de gran peso en ésta y en las demás universidades. Es una buena muestra de la falta de intensidad en la promoción de todas las lenguas del Estado.

Conviene re-vernacularizar las variedades idiomáticas del país y hacerlas llegar a todos los españoles. El gobierno central habría de garantizar su uso en las comunidades que tienen la fortuna de saber expresarse en más de una y también en las demás, donde sigue estancado el monolingüismo castellano. Pero no dejando el trabajo exclusivamente en manos de los gobiernos autonómicos, manteniendo, si acaso, un ojo vigilante para evitar los excesos en que puedan incurrir los fanáticos fundamentalistas, sino favoreciendo la divulgación de nuestro formidable patrimonio lingüístico en otros lugares a través de los canales más eficaces que existen: los centros educativos y los medios públicos de comunicación audiovisual.

Hay que ayudar a los emigrantes valencianos, catalanes, vascos, gallegos, aragoneses, etc., afincados en tierras alejadas de la suya, a mantener vivas sus raíces culturales y, sobre todo, asegurar la transferencia generacional mediante una oferta académica generosa para ellos mismos, para sus hijos y sus nietos. Si el Estado interviene con mayor o menor energía en el proceso educativo de cada Comunidad Autónoma, forzando el respeto de unos mínimos para todos -como se ha visto con el Decreto de Humanidades-, parece incongruente y hasta bochornoso que no induzca a cada Comunidad a introducir en su sistema educativo ­-centros de Secundaria y universidades- los vernáculos existentes en el Estado, aunque sea con carácter optativo, al menos los de mayor implantación. Es poco coherente que el Estado se gaste miles de millones de pesetas en adquirir un lienzo de pintura flamenca o rusa para conservarlo en el mejor de sus museos y, en cambio, deje languidecer, por falta de interés, auténticas joyas del acervo lingüístico nacional como el mencionado aranés, o pretenda descabezar los movimientos de consolidación de los vernáculos históricos, sea cual sea su número de hablantes, por temor a una insurrección popular.


*Orden por número estimado de hablantes activos (en paréntesis). 1. Español o castellano (28,173.600 como primera lengua y 10,000.000 como segunda) en sus vertientes andaluza, murciana, aragonesa, navarra, castellana, leonesa y canaria. 2. Catalán o catalá (6,000.000) en sus distintas versiones: catalán del Rosellón o catalán septentrional; catalán meridional o valenciano, con su extendida variante subdialectal conocida como apitxat; catalán insular o balear (mallorquín, menorquín, ibicenco); catalán central; catalán noroccidental (pallarés, ribagorzano, leridano, aiguavivano) y catalán de Alguer (Cerdeña). 3. Gallego o galego (3,174.000), con cuatro dialectos correspondientes a las provincias de Coruña, Pontevedra, Lugo y Orense). 4. Aragonés (2,000.000), también conocido como fabla aragonesa o altoaragonés, acoge el aragonés occidental (ansotano, cheso), central (belsetán, chistabino, tensino, pandicuto, bergotés), oriental (benasqués, grausino, ribagorzano, fobano, chistabino) y meridional (ayerbense, somontanés). 5. Extremeño o ehtremeñu (1,100.000) en sus variantes artu (septentrional), meyu (central) y bahu (meridional). 6. Vasco o euskara (580.000) guipuzcoano, alto-navarro septentrional y meridional, vizcaíno, alavés y, desde luego, batúa unificado o vasco normativo. 7. Asturiano o bable (550.000) occidental, oriental y central o bable normativo. 8. Caló (300.000), gitano, ibero-romaní o hispano-romaní con sus ramas subdialectales hispano-caló, catalano-caló, vasco-caló y gallego/luso-caló. 9. Mímica o lenguaje de señas (120.000), comprensible al 50% por los sordos catalanes, que emplean una versión diferente. 10. Fala (5.500), fala de xálima, galaico-extremeño o chapurreáu, con sus derivaciones valvideiru, mañegu y lagarteiru, distribuídos por Val de Xálima o Val du riu Ellas, en los pueblos de Valverdi du Fresnu, As Ellas y Sa Martín de Trebellu. 11. Aranés o gascón (5.000) bajo, medio y alto. 12. Romaní-valaco o kalderash (1.000). 13. Quinqui (jerga híbrida no gitana, sin censar). (Datos procedentes de The Ethnologue, 14th edition. Ed. Barbara Grimes-SIL, 2000, reproducidos con su autorización).

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